A- de 2024

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de la misma ciudad.

Encontró la Corte que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que las autoridades judiciales involucradas, argumentando las normas de reparto previstas en el Decreto 1069 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 333 de 2021, consideraron que eran incompetentes para tramitar la solicitud de amparo invocada.

Se dirimió la controversia con la remisión del expediente a la primera autoridad a la que se le repartió el asunto, esto es, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar.

A los operadores jurídicos involucrados se les hizo una advertencia para que, en lo sucesivo, adecúen sus actuaciones en materia de competencia en tutela a las reglas que se reiteran en esta providencia y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia constitucional, con el propósito de eliminar las barreras de acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Al juzgado penal municipal se le advirtió, además, que, se debe abstener de realizar un análisis a priori sobre las entidades que podrían ser responsables de la vulneración de derechos fundamentales a efectos de justificar su falta de competencia.

Así mismo, se le indicó que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela entre dos autoridades jurisdiccionales que, a pesar de integrar funcionalmente la jurisdicción constitucional, carezcan, desde una perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 para solucionar dicha controversia, debe remitir de manera inmediata el expediente a la Sala Plena de la Corte Constitucional, para que asuma el conocimiento del asunto.